Por Olenka Kautz.

Walmart de México y Centroamérica destaca los resultados de Responsabilidad Corporativa contenidos en su Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2017, «Más que una compra».  Este informe incorpora la visión estratégica de la compañía, sus resultados financieros y sus avances en materia ambiental, social y de Gobierno Corporativo, con lo cual, la empresa reitera su compromiso por generar valor compartido para todos sus grupos de interés.

“Los resultados de Walmart de México y Centroamérica en 2017 nos llenan de satisfacción, ya que nuestra aspiración es ser la cadena minorista más confiable para nuestras clientas, socios, asociados, proveedores, accionistas y las comunidades donde tenemos presencia. Para ello, seguiremos impulsando iniciativas que impacten de manera favorable en el ámbito social, ambiental y de Gobierno Corporativo, en beneficio de las familias mexicanas”, comentó Gabriela Buenrostro, subdirectora de Comunicación Corporativa de la empresa.

Dentro del Informe Anual Más que una compra destacan los resultados en tres ejes:

1. Ambiental
Es la empresa de autoservicio líder en el consumo de energía renovable, 91% de las tiendas y clubes de precio en México son suministradas con energía limpia.

2. Social

 Asociados: Es el principal empleador privado en México con más de 198,000 asociados (empleados). Además, es una compañía que valora la diversidad y la inclusión, por lo que obtuvo la certificación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación. Proveedores: 94% de la mercancía que se vende en México es comprada en el país. La empresa ha desarrollado a más de 15,000 pequeños productores mexicanos.

Comunidad: Se donaron 40 millones de pesos y más de 300 toneladas de apoyo a través de
las fuerzas armadas, a los damnificados de la Ciudad de México, Morelos y Puebla, por el
terremoto ocurrido en septiembre.

3. Gobierno Corporativo
Cuenta con un Comité de Responsabilidad Corporativa, dirigido por el Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart de México y Centroamérica, para establecer la visión de la compañía a largo plazo.

Representantes de más de 350 organizaciones de todo el país hicieron un llamado a los candidatos a la gubernatura de Yucatán para que se comprometan y firmen el Pacto por la Primera Infancia, el cual busca garantizar que quien asuma el cargo como Gobernador invierta en programas de calidad y políticas públicas que impulsen el desarrollo integral de las niñas y niños yucatecos.

El Pacto por la Primera Infancia es la única iniciativa que compromete a todos los actores de la sociedad civil a priorizar los derechos de la niñez temprana, y con ello solucionar, desde la raíz, las problemáticas de impacto social que frenan el crecimiento de México. El objetivo es lograr que los primeros años de vida se conviertan en una prioridad nacional, y articular esfuerzos de todos los sectores para mejorar de manera sustantiva los indicadores relacionados con la garantía de los derechos de las niñas y de los niños de cero a los cinco años en Yucatán y en todo el país.

La evidencia científica demuestra que invertir en el desarrollo integral de las niñas y los niños durante la Primera Infancia genera un alto retorno social y económico e incide en la capacidad de aprendizaje, la salud y el comportamiento de las futuras generaciones. Esto se traduce en un mejor aprovechamiento escolar, mayor productividad, mejores ingresos, menos enfermedades crónicas, menor propensión a conductas criminales y de riesgo, así como en menor desigualdad y pobreza.

Greta Molina, coordinadora de la Escuela de Psicopedagogía de la Universidad Anáhuac del Mayab, explicó que “durante los primeros años de vida se desarrolla la arquitectura cerebral que determina las capacidades cognitivas y emocionales, las cuales son determinantes para el colegio, la vida y el trabajo; así como los circuitos neurológicos asociados a procesos metabólicos que están íntimamente relacionados con nuestra salud a lo largo de toda la vida”.

Víctor Chan subrayó que, mediante la publicación en México de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoció que es obligación del Estado garantizar plenamente los derechos de la niñez, incluso de los más pequeños: “El Gobierno está obligado a asegurar que los niños y niñas tengan una alimentación adecuada, educación de calidad, y protección frente a toda forma de violencia. Ello supone, entre otras cosas, fortalecer las capacidades de las familias para brindar a sus hijos un cuidado cariñoso y sensible”.

Agregó que “la violencia contra la infancia es un tema de especial preocupación en Yucatán, puesto que de 6 de cada 10 infantes sufren disciplina violenta a manos de sus padres”. Y manifestó su preocupación por la violencia sexual, señalando que “en 2015 tuvimos más de 500 denuncias de índole sexual en el que las víctimas fueron menores de edad. Por cada 10 víctimas de algún tipo de abuso de índole sexual, sólo una logra rehabilitarse”.

José Ignacio Ávalos, miembro del Consejo Directivo del Pacto por la Primera Infancia y Presidente de Un Kilo de Ayuda presentó los antecedentes del Pacto y aseguró, “cualquier candidato que aspire a construir un futuro de prosperidad debe poner las políticas para la infancia en el centro de su agenda y en la cima de sus prioridades. No bastan programas asistencialistas o residuales, necesitamos una política para el desarrollo integral”. Los datos presentados en el llamado y la evidencia relacionada sustentan la urgencia de esta afirmación:   102,545 menores de 5 años viven en extrema pobreza, 30 mil padecen de desnutrición crónica y más de 27 mil niñas y niños no asisten a preescolar.

El pasado 17 de abril, cuatro de los cinco candidatos a la Presidencia de la República se comprometieron con la Primera Infancia de México, y hoy, las más de 350 organizaciones convocantes, extienden la invitación a quienes se postulan para la gubernatura del estado de Yucatán y a cualquier cargo de elección popular en el estado, a que suscriban los 10 compromisos y condiciones estructurales que integran el pacto, los cuales son:

1. Disminuir a 45% el porcentaje de niñas y niños menores de 6 años que viven en pobreza.
2. Reducir a 9% la desnutrición crónica y a 17% la anemia en menores de 5 años y detener el aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil.
3. Incrementar la lactancia en la primera hora de vida al 75% y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses a 45%.
4. Lograr que al menos 7 de cada 10, niñas y niños menores de un año reciban las vacunas que les corresponden.
5. Detectar de manera oportuna la discapacidad e incrementar en un 20% la cobertura de educación y salud para las niñas y niños menores de 5 años con discapacidad.
6. Incrementar a 90 el porcentaje de niños y niñas con un desarrollo infantil adecuado, a 50% la cobertura de evaluación de desarrollo, y disminuir 10% las brechas de desarrollo entre ricos y pobres.
7. Asegurar que 3 de cada 10 niñas y niños menores de 3 años participen en programas de Desarrollo Infantil Temprano, y que el 80% de los mayores de 3 reciba educación preescolar de calidad.
8. Que 4 de cada 10 familias con niñas y niños menores de 6 años participe en programas de habilidades parentales/prácticas de crianza en cualquiera de sus modalidades.
9. Lograr el registro de nacimiento oportuno del 90% de las niñas y niños.
10. Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia al disminuir en 20% el maltrato infantil y en 50% la violencia sexual y los casos de desapariciones de niñas y niños menores de 6 años.

Condiciones estructurales:

1. Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo los objetivos y líneas de acción estratégicas necesarias para el cumplimiento de los compromisos del Pacto.
2. Establecer una Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia basada en el principio del cuidado cariñoso y sensible a las necesidades de las niñas(os) que dé prioridad a la población en pobreza extrema, precise los funcionarios que son titulares de las obligaciones y sus respectivas atribuciones, y detalle los mecanismos de coordinación necesarios entre sectores y órdenes de gobierno.

• Aprovechar los instrumentos de levantamiento de información con los que cuenta el Estado Mexicano y desarrollar las fuentes de información externa necesarias para el monitoreo periódico de cada uno de los indicadores del Pacto, asegurando al menos la actualización de la línea basal, la medición de medio término y la de cierre de la administración.

1. Realizar las adecuaciones normativas y legales que se requieran y asignar en el presupuesto de egresos recursos visibles y suficientes a la Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia y a las acciones y programas relacionados con el cumplimiento de las metas del Pacto.
2. Reportar anualmente el avance en el cumplimiento de estos compromisos en el informe de gobierno.